La reciente media sanción de la denominada "Ley Bases" puso en alerta a 34 organizaciones civiles vinculadas a la temática ambiental, entre las que se encuentra el Foro Ambiental Córdoba.
El Foro Ambiental Córdoba expresa su preocupación por diferentes aspectos del proyecto de “Ley Bases”, que ya cuenta con media sanción y amenaza con ser lesivo a la protección ambiental, violando claramente el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) que establece que la legislación ambiental no puede empeorar la situación del derecho vigente desde las perspectivas de su alcance y amplitud. Esto fue expresado en un documento elaborado conjuntamente entre 34 organizaciones de la sociedad civil, tales como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y entregado a los presidentes de los distintos bloques del Senado.
Resulta particularmente peligroso que en el artículo 3 (reorganización administrativa) se faculte al Ejecutivo a poder transformar su estructura jurídica, disminuir sus competencias o, incluso eliminar organismos públicos, de tal manera que podría eliminar la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, entre otros. Todos ellos con importantísimas funciones de control e investigaciones sobre aspectos centrales en materia ambiental.
En referencia al artículo 5 que faculta al Poder Ejecutivo “ a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos ” es preocupante para los firmantes el destino final del “Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, el “Fondo Nacional del Manejo del Fuego” y otros fondos orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables. De disolverse, por ejemplo el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos sería prácticamente equiparable a la derogación de varios artículos de la Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos.
Además, el Foro Ambiental Córdoba y los otros firmantes han planteado el rechazo a varias secciones del Título 8 sobre Régimen de incentivo para grandes inversiones, dado que no se contempla aspectos ambientales a dichas inversiones sino que solo tiene una visión productivista y utilitarista de los bienes comunes, normalmente denominados recursos naturales.
La carta completa está disponible en:
Una designación polémica en Parques Nacionales
Recientemente circula que será designado como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN) el Ingeniero Agrónomo Leonardo Sarquis. Si bien, formalmente todavía no forma parte del gobierno, dicha designación elevaría la alerta sobre la política ambiental del gobierno nacional en referencia a estas importantes zonas a proteger del territorio nacional, cuya superficie equivale a la de una provincia chica de Argentina.
El motivo, no es otro que antecedentes bastante cuestionables que ha tenido como funcionario público de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Maria Eugenia Vidal, sin contar con su condición de ser ex gerente de Monsanto, multinacional absorbida por Bayer y que hoy enfrenta juicios multimillonarios en varios países por contaminación.
En el año 2018, siendo Ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Sarquis firmó una resolución que regulaba y permitía la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”. Afortunadamente la resolución fue resistida y luego puesta en impasse hasta el día de hoy por presión de la población.
La designación de Sarquis viene a poner un nuevo motivo de dudas sobre la verdadera política de defensa de nuestras zonas protegidas, en un gobierno que se ha mostrado contrario al fortalecimiento de las actuales áreas naturales protegidas y a la creación de otras nuevas.
